31 Ago 2026

“Una reforma puede proteger la soberanía sin convertir el origen familiar en una sospecha”

Hay reformas que nacen de una preocupación legítima y, precisamente por  ello, merecen ser discutidas con sensibilidad.

La propuesta de limitar la doble nacionalidad para quienes aspiren a la  Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno  parte de las premisas que resultan fácil aceptar, como los son que: “La  Soberanía de México debe estar primero y ninguna decisión de Estado  puede quedar subordinada a intereses extranjeros”.

Hasta ahí, difícilmente podría existir desacuerdo, de ningún ciudadano mexicano; sin embargo, para mí la pregunta es otra: ¿Tener dos nacionalidades significa necesariamente tener dos lealtades? Y creo  que la respuesta NO debería darse desde la sospecha, sino desde el derecho.

La nacionalidad NO es un privilegio que el Estado concede discrecionalmente ni una condición que pueda medirse por la sangre, el apellido o el lugar de  nacimiento de nuestros padres. Es un vínculo jurídico y político con una nación.

México lo entendió hace décadas; pues, desde 1997, con reforma al mismo artículo 30, 32 y 37, de la Constitución Política de los Estados Unidos  Mexicanos, nuestro país reconoció constitucionalmente la posibilidad de  conservar la nacionalidad mexicana aun cuando una persona adquiriera otra; es decir, en el país, se reconoció una realidad social, familiar y migratoria que  forma parte de la vida de millones de mexicanos.

Hoy, muchos mexicanos nacen en otro país siendo hijos de padres mexicanos;  otros que, adquieren una segunda nacionalidad por razones familiares; y,  algunos más, la reciben desde el nacimiento sin siquiera haberla elegido;  entonces, ¿Podemos convertir esa circunstancia personal en una presunción  de falta de lealtad hacia México? Con esto creo que es necesario tener cuidado.

Porque una cosa es proteger la soberanía nacional y otra muy distinta asumir que la nacionalidad adicional de una persona determina su conducta pública.

La historia de México tampoco puede entenderse desde una idea de pureza de  origen; nuestra nación, ha sido construida por pueblos originarios, mestizos, descendientes de españoles, comunidades afrodescendientes y numerosas corrientes migratorias que, a lo largo de los siglos, hicieron de México lo que  hoy es.

Presidentes, científicos, escritores, empresarios, académicos, militares y servidores públicos de muy distintos orígenes han contribuido a construir este  país. Y ninguno de esos orígenes determinó, por sí mismo, calidades de  mexicanos. La lealtad a México no está en la sangre. Está en los actos.

Por eso, si verdaderamente queremos blindar al Estado mexicano frente a  intereses extranjeros, quizá deberíamos mirar más allá del pasaporte. Porque un gobernante puede tener una sola nacionalidad y, sin embargo, responder a intereses que NO son los de la nación. Puede tener una sola ciudadanía y pactar con grupos económicos, políticos o criminales. Puede no poseer ninguna  nacionalidad adicional y aun así permitir que el crimen organizado capture instituciones, territorios, policías, gobiernos o decisiones públicas.

Ahí está, lo que me parece, el verdadero desafío. No deberíamos preocuparnos solamente por quién tiene otro pasaporte. Deberíamos  preocuparnos mucho más por quién tiene otro compromiso.

La soberanía de México NO se pone en riesgo únicamente cuando existe una  nacionalidad extranjera. Se pone en riesgo cuando un servidor público coloca  intereses particulares por encima del interés público. Cuando las instituciones  son utilizadas para proteger personas y no derechos. Cuando el dinero ilícito  entra a las campañas. Cuando el crimen organizado logra penetrar estructuras  gubernamentales. Cuando las autoridades conocen los vínculos entre delincuencia y poder y prefieren mirar hacia otro lado. Cuando un gobierno pierde la capacidad de distinguir entre gobernar y negociar con quienes deberían estar sujetos al imperio de la ley. Ese es el verdadero peligro para la soberanía.

Por ello, la discusión sobre la doble nacionalidad merece algo más que una respuesta de sí o no; merece preguntarnos si la medida es necesaria, idónea 

y proporcional; si realmente evita la injerencia extranjera o si estamos trasladando al terreno de la nacionalidad un problema que en realidad corresponde al ámbito de la integridad pública, la seguridad nacional, la fiscalización electoral y el combate a la corrupción.

Porque si queremos garantizar que quien gobierne México tenga como prioridad a México, existen mecanismos mucho más profundos que revisar un pasaporte. Podemos revisar sus vínculos económicos. Sus conflictos de interés. El origen de sus recursos. Sus relaciones políticas. Sus compromisos empresariales. Sus antecedentes. La legalidad de sus campañas.

Y, sobre todo, podemos fortalecer las instituciones capaces de detectar y sancionar cualquier vínculo entre el poder público y el crimen organizado. Ahí debería estar buena parte de nuestra discusión. México necesita gobernante profundamente comprometidos con México.

Pero ese compromiso NO debería medirse por la cantidad de nacionalidades que aparecen en un documento, sino por la capacidad de defender la Constitución, respetar las instituciones, proteger a la población y ejercer el poder sin someterlo a intereses particulares. Porque al final, la pregunta verdaderamente importante NO es: ¿Cuántas nacionalidades  tiene quien gobierna? Sino: ¿A quién sirve cuando tiene el poder?

Y quizá esa sea la reforma que México necesita con mayor urgencia.

Una reforma que consiga que ningún gobierno vuelva a estar al servicio de  intereses extranjeros, económicos o criminales. Porque la soberanía nacional  no se defiende solamente cerrando la puerta a otra nacionalidad. Se defiende  impidiendo que el crimen organizado pueda abrir la puerta del Estado.