22 Sep 2026

La elección de 2027 aún no comienza en las urnas.

Pero existe otra contienda que México no puede darse el lujo de ignorar: la disputa del crimen organizado por influir en candidaturas, campañas y gobiernos locales.

No se trata solamente de una hipótesis.

Los antecedentes recientes obligan a encender las alarmas.

 La Consultoría en asuntos públicos, INTEGRALIA, ha identificado distintas formas mediante las cuales las organizaciones criminales pueden intervenir en procesos electorales: amenazas y agresiones contra funcionarios y aspirantes, financiamiento de campañas, imposición de candidaturas, movilización o inhibición del voto e incluso alteraciones de la votación en determinadas casillas.

Y los números de la elección pasada ayudan a dimensionar el problema.

Laboratorio Electoral documentó 320 casos de violencia entre junio de 2023 y mayo de 2024: 93 asesinatos —36 de ellos de aspirantes, precandidatos o candidatos—, además de amenazas, atentados y secuestros. 

Por eso, rumbo a 2027, la pregunta ya no puede reducirse a quién encabeza las encuestas, quién tiene mejor estructura partidista o quién aparece más veces en espectaculares.

La pregunta incómoda es otra:

¿Quién está detrás de cada candidatura?

Porque el crimen organizado no necesita registrar un partido político para intentar conquistar el poder.

Le basta con financiar al candidato conveniente.

Presionarlo. Amenazarlo.

Eliminar políticamente al adversario.

O, en el extremo más grave, quitarle la vida.

El mecanismo puede comenzar mucho antes de una campaña formal: dinero, protección, operadores territoriales o capacidad de intimidación. Después puede venir la factura. Y en política éstas se pagan con poder. Contratos. Obras públicas, Permisos. Información. Impunidad.

Ahí está el verdadero peligro de la llamada narcopolítica: que el ciudadano crea que está eligiendo libremente a su presidente municipal, diputado o gobernador, cuando detrás de determinada candidatura pudiera existir un poder ilegal que ya hizo su propia inversión.

No significa, por supuesto, que cada candidato esté vinculado con el crimen organizado. Sería irresponsable afirmarlo.

Pero precisamente por eso los partidos políticos y las autoridades tienen una obligación enorme: impedir que ocurra.

Y aquí aparece otra pregunta incómoda:

¿Cuántos de quienes hoy comienzan a moverse rumbo a 2027 podrían recibir —o haber recibido— una visita que jamás aparecerá en sus informes de campaña?

¿Cuántos serán presionados para aceptar dinero?

¿Cuántos serán amenazados para retirarse?

¿Cuántos partidos investigarán realmente el origen de los recursos y relaciones de quienes pretenden postular?

Porque una cosa es fiscalizar una campaña y otra muy distinta detectar dinero criminal.

El INE cuenta con sistemas para revisar ingresos y egresos, monitorear propaganda, espectaculares y actividades de campaña; además, la normatividad prohíbe recibir recursos de personas no autorizadas y utilizar ingresos de procedencia ilícita. 

Pero el gran desafío está precisamente en aquello que deliberadamente se oculta.

El dinero que no entra formalmente a la contabilidad.

La operación territorial que nadie factura.

La amenaza que jamás se denuncia.

El vehículo prestado.

Los operadores pagados por terceros.

La estructura criminal disfrazada de organización electoral.

Ahí puede estar uno de los grandes agujeros negros de 2027.

Y el problema se vuelve todavía más delicado en los municipios.

INTEGRALIA encontró durante el proceso 2023-2024 que las personas aspirantes a cargos municipales concentraban 73.4 por ciento de las agresiones contra aspirantes registradas en su corte al 1 de abril de 2024. 

Por eso 2027 no solamente debe preocupar a los partidos.

Debe inquietar al Estado mexicano.

La batalla democrática no consistirá únicamente en avalar que haya casillas, boletas y funcionarios electorales.

También deberá asegurar que quien aparezca en la boleta haya llegado ahí sin la imposición de una organización criminal.

Ese debería ser uno de los grandes blindajes nacionales rumbo a 2027: filtros rigurosos dentro de los partidos, inteligencia financiera, protección efectiva a aspirantes amenazados, investigación de recursos inexplicables y coordinación entre autoridades electorales, fiscales y de seguridad.

Porque una democracia no se pierde solamente cuando alguien roba una urna.

También puede perderse mucho antes.

Cuando alguien compra al candidato.

Cuando se amenaza al adversario.

Cuando el miedo decide quién puede competir.

Y cuando el dinero criminal consigue algo todavía más valioso que una elección:

un gobierno.

Por lo tanto, la gran pregunta rumbo a 2027, quizá no sea solamente quién ganará las elecciones.

Sino saber si el ciudadano podrá elegir entre las opciones legítimas o si, en algunas regiones, alguien más habrá intentado decidir quién puede llegar a la boleta.

Porque si el crimen termina seleccionando candidatos, financiando campañas o expulsando adversarios, ya no estaríamos hablando únicamente de infiltración criminal.

Estaríamos hablando de algo mucho más grave: una democracia secuestrada.

El propio maestro Arturo Manuel Chávez, Consejero del INE, afirma que “no podemos garantizar –a pesar de los recientes esfuerzos—que la delincuencia organizada no influya en la definición de las candidaturas”.

Así el escenario en el INE.