28 Jul 2025

En su tiempo --ya empoderado-- “Diamante” decidió controlar las Unidades Administrativas del sector gobierno.

Fue entonces cuando colocó a sus hijos y amigos (as) incondicionales, en posiciones inmejorables para manejar los dineros del pueblo.

Y Eleazar Guerrero Pérez, hoy diputado federal --y motejado como la piedra preciosa más popular--, se despachó con la “cuchara grande” desde la subsecretaría de Finanzas y Administración, con toda la protección de su primo “El gobernador bailarín”.

El pariente incómodo creó una red poderosa de nepotismo y corrupción, que cambió la vida de todos ellos: de jodidos a millonarios poderosos de esa gestión desastrosa, inepta y arrogante.

Decidieron, aprovechando la coyuntura, meterse a nadar en el fangoso río de la corrupción.

En un país con altos niveles de pobreza, desigualdad y violencia –como el nuestro--, el acceso al poder no debería estar reservado a los apellidos.

Porque son actos censurables.

Y aunque el nepotismo está prohibido, sigue siendo no solo común, sino también aceptado y hasta normalizado en la cultura política nacional.

Ningún funcionario público debe favorecer a familiares o personas cercanas para ocupar cargos dentro del gobierno.

Ejemplos abundan. Desde gobernadores que colocan a sus hermanos, esposas, sobrinos o parientes cercanos en secretarías clave, hasta presidentes municipales que integran a sus hijos, cuñados, amantes o compadres en las nóminas del ayuntamiento.

A pesar de que existen órganos internos de control y organismos autónomos diseñados para vigilar y sancionar estas conductas, los casos rara vez llegan a consecuencias reales.

El castigo, cuando existe, es simbólico. La mayoría de las veces, simplemente se encubre, se justifica o se olvida.

Este fenómeno no es exclusivo de un partido ni de un nivel de gobierno. El nepotismo trasciende colores y sexenios.

Su permanencia se debe, en parte, a una cultura de lealtades familiares, favores recíprocos y redes de poder tejidas desde el compadrazgo.

Pero también a una ciudadanía que ha aprendido a convivir con estas prácticas como si fueran parte inherente del sistema.

El daño es profundo y va más allá del desprestigio institucional, porque a esta corrupción añaden la ineficiencia.

Cuando se privilegia el parentesco por encima del mérito, se obstaculiza la profesionalización del servicio público, se desperdician recursos humanos valiosos y se debilita la confianza ciudadana.

Combatir el nepotismo requiere más que reformas legales; se necesita voluntad política, transparencia en los procesos de selección, vigilancia ciudadana efectiva y una cultura ética en el ejercicio del poder.

Y si usted llegara a criticar por cualquier medio un aparente acto de nepotismo o tráfico de influencias, podría ser sancionado (injustamente) por el poder del estado.

Hasta entonces, el nepotismo seguirá siendo una violación sistemática de la ley que, paradójicamente, nadie parece dispuesto a dejar de practicar.

Además, este flagelo es un factor degenerativo que puede perpetuar la corrupción.