09 May 2025

Hay casas, autos y cuentas bancarias que no dicen mucho a simple vista. Pero detrás de esos bienes puede haber historias oscuras: corrupción, narcotráfico, secuestro, trata de personas. Durante muchos años, esos bienes quedaban intocados, aún cuando eran claramente producto del delito. Hoy, eso está cambiando gracias a una figura legal poderosa y justa: la extinción de dominio.

¿Qué es? Es un juicio civil, totalmente independiente del proceso penal, en el que el Estado puede recuperar un bien cuyo origen legítimo no puede ser demostrado. No importa si hay una sentencia penal o no. Si el Ministerio Público demuestra que el bien está relacionado con un delito y el afectado no acredita su legalidad, el juez puede ordenar que pase a manos del Estado.

Esto ya está ocurriendo en Quintana Roo. En municipios como Benito Juárez, se han extinguido inmuebles utilizados para la venta reiterada de drogas. En otros casos, se han asegurado propiedades ligadas a delitos graves como trata o secuestro. Y lo más importante: los bienes recuperados no se pierden. Se destinan a programas de bienestar social y atención a víctimas, como lo establece la ley estatal.

Este mecanismo no solo busca quitarle al crimen lo que obtuvo. Busca devolverle a la sociedad lo que le fue arrebatado. Porque mientras el dinero sucio circula libremente, la impunidad florece. Pero cuando ese dinero se transforma en apoyo social, en justicia restaurativa, en ayuda para víctimas, el mensaje es claro: el delito no deja herencia.

Además, la ley respeta el derecho de defensa. Toda persona afectada puede demostrar la procedencia legal de su patrimonio. Pero si no lo logra, el Estado tiene no solo el derecho, sino el deber de actuar.

La extinción de dominio no es venganza. Es justicia patrimonial. Es borrar el rastro del delito de las calles, de las cuentas, de los registros públicos. Es transformar lo ilícito en ayuda.

Porque la justicia no solo se mide en años de prisión. También se mide en qué tanto logramos reparar el daño, recuperar lo perdido y dignificar lo que fue corrompido.

Y eso, en Quintana Roo, ya está ocurriendo.

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